Llamó de manera poca grata en ámbitos del Gobierno Provincial que desde Talleres, se citara como tercero obligado a comparecer en un juicio laboral por dos despidos, al Poder Judicial y al Gobernador José Manuel de la Sota, en una clara muestra de actitud dilatoria para las negociaciones con los reclamantes. Además, dicha responsabilidad caería por sobre el fideicomiso que administraba junto a la Justicia al club durante el proceso de quebranto de la entidad, según argumentan los abogados de la institución.

Todo esto surgió por los juicios presentados por despidos de Juan Chávez (utilero) y Julio Ceballos (DT de las divisiones inferiores). Es que el reclamo de ambos indica algunas irregularidades de las cuales la dirigencia del presidente Andrés Fassi se desentiende ya que se generaron en gestiones anteriores al levantamiento de la quiebra del club.

El pedido fue rechazado por el juez de conciliación, y ante esta situación, hubo apelación a la Cámara Civil y Comercial. ¿Declarará el Gobernador? ¿Se tendrán que hacer cargo los cordobeses de una deuda ed Talleres? Difícil. No obstante, no cayó del todo bien dicha actitud, según rumores de algunos cercanos a El Panal.