Lo último sobre una diferencia que este viernes tuvo una decisión por parte del fiscal Garzón.

El conflicto entre la Liga Cordobesa de Fútbol y Talleres por los porcentajes de los pases de varios jugadores albiazules no concluirá con la sentencia que dictó este viernes el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, en la que decidió archivar la denuncia penal que el presidente de la LCF, Alejandro Fernández, entabló contra el presidente albiazul y el secretario de la institución, Andrés Fassi y Gerardo Moyano, respectivamente, por la supuesta retención de esos importes. Del análisis de la prueba colectada, el fiscal entendió que no cometieron delito.

La Liga no sólo apelará la sentencia de Garzón, según admitió a Mundo D Fernández, si no también que seguirá tramitando la demanda civil que inició contra el club de barrio Jardín, en la que pide se le abonen el 2 por ciento de las transferencias de otros futbolistas del club y no sólo las de Facundo Medina (fue al Lens de Francia), Andrés Cubas (Nimes Olympique), Guido Herrera (Yeni Malatyaspor de Turquía), Guilherme Parede (Vasco da Gama) y Leonardo Godoy (Estudiantes), los futbolistas citados por el fiscal en su resolución.

Los otros jugadores por quienes la Liga intimó en noviembre del año pasado al club para que le presente copias de sus convenios de transferencia son Junior Arias (Patronato), Nahuel Bustos (Girona), Franco Fragapane (Fortaleza Esporte Clube, después vendido al Minnesota United), Nicolás Giménez (Baniyas de Emiratos Árabes Unidos), Fernando Juárez (Agropecuario), Renzo Paparelli (Atenas de Uruguay) y Mauro Valiente (Rentistas de Uruguay, después prestado a Alvarado).

La Liga no informó aún si esa lista no se amplió otros jugadores que Talleres vendió o prestó después, como Tomás Pochettino (Austin FC), Jonathan Menéndez (Independiente), Samuel Sosa (Alcorcón), Augusto Schott (Platense), Cristian Ojeda (Tlaxcala) e Ignacio Lago (Tlaxcala).

Talleres espera que la sentencia favorable del fiscal Garzón siente un precedente respecto a la espinosa cuestión del jugador originario y sea tenida en cuenta por la instancia que le toque decidir sobre la demanda civil, que no se vincula a los supuestos porcentajes retenidos por el club -que el fiscal entiende no existieron y eximieron a Fassi y Moyano de la comisión de un delito- y sí al pago de los aranceles por otros futbolistas que el club vendió o cedió a préstamo con cargo.

Pero, además, y según trascendió desde el club, se aguarda que la sentencia abra una nueva instancia de diálogo con la Liga, “en favor del fútbol de Córdoba”, según expresa el comunicado que la directiva albiazul emitió este mediodía en sus redes sociales, junto a una copia adjunta de la resolución judicial.