En manos de la Justicia, el club necesita recuperar confianza pero es difícil lograrla con Eluani y Ruffener también imputados.

La quiebra de Talleres parece a esta altura un muestrario de lo que no debe hacerse en un proceso judicial. Casi se podría decir, que es un caso típico de ejemplo para estudiantes de Derecho.

Ya no hay sorpresa sobre las alternativas, que se conocen diariamente, desde que el Tribunal Superior de Justicia pidiera, por acordada, expulsar al juez Carlos Tale, por mal desempeño.

Está claro, entonces, que el meneado viaje del ex juez a cargo de la quiebra de la institución albiazul a México, invitado por el Club Pachuca, nada más ni nada menos que interesado en obtener el gerenciamiento por 25 años, quebró el principio de imparcialidad.

Pero el juez no viajó solo, sino que fue acompañado por integrantes de la Fundación Azul y Blanco y los integrantes del fideicomiso.

En la misma línea de pensamiento exhibida por el máximo Tribunal de la Provincia, el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, que investigó al juez y a los fideicomisarios, concluyó que cometieron el delito de omisión a los deberes de funcionario público.

El presente de está enredado en las causas judiciales que su propia actividad produjo. Su falta de apego a las normas legales lo ha depositado en el Jurado de Enjuiciamiento para Magistrados donde enfrenta dos peticiones de expulsión del Poder Judicial. Una formulada por el ex gerenciador Carlos Ahumada y la otra, nada más ni nada menos, que por la conducción de la Justicia.

Ahora debe afrontar ante la jueza de Control Anticorrupción, Ana María Lucero Offredi, una investigación penal promovida por el fiscal Amayusco, por no haber dejado constancia oficial en el expediente sobre los motivos del viaje y su realización. Es decir, está claro ya que la Justicia juzgó en todos sus estamentos, como una situación definitivamente irregular que un magistrado a cargo de un proceso decida inconsultamente viajar invitado por una parte, sin informar a sus superiores y explicar los motivos.

Para colmo de males a Tale le falta aún, en su rosario de penurias, esperar la definición de la Cámara de Acusación acerca de una denuncia por falsedad ideológica, formulada en su contra por los ex presidentes Egidio Heig y Miguel Srur. El caso se encuentra apelado por el abogado de los ex presidentes Alejandro Pérez Moreno, luego de que la jueza Lucero Offredi decidiera el archivo de la misma. Se trató del último éxito judicial logrado por Tale, cuando era asistido profesionalmente por el abogado Juan Fernández Alé.

Cuando los medios de comunicación dieron cuenta del secreto periplo Ezeiza-Panamá-México, hasta de su defensor Fernández Alé, recibió una crítica pública a su conducta, que resultó letal.

Las incomprensibles exageraciones públicas, comparando a Talleres con el Imperio Romano o solicitando una tribuna con su nombre y a su homenaje por citar algunos ejemplos de la incontinencia verbal que padece Tale, terminaron por arrimarlo al precipicio, desde donde mira peligrosamente la continuidad de su estadía en los Tribunales provinciales.

De cualquier manera, aún complicadísimo con su escarpado camino dentro de la Justicia Penal, Tale ya no forma parte de la quiebra de Talleres. En cambio en esa tesitura está claro que la imputación que el fiscal amplió a los integrantes del órgano fiduciario, incide directamente en la tramitación del proceso.

Tanto Gustavo Eluani como Daniel Ruffener fueron imputados al igual que el juez por omitir consignar el viaje que realizaron, también acompañados por una de las partes del proceso. La pregunta que debería realizarse es si la continuidad de los mismos asegura imparcialidad, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios claves del juicio.

La respuesta cae como una fruta madura, entendiendo que el fiscal los imputó porque lejos de ser ajenos al mismo, son una parte que no sólo debe parecer imparcial, sino que además debe dar testimonio de serlo.

Es decir Eulani y Ruffener, merecieron el mismo reproche de Tale, y continúan formando parte del proceso comandado por el juez Saúl Silvestre, con un pecado de origen.

A los tres, el fiscal Amayusco les cargó la romana sospechando que habían tomado el camino indisimulado de favorecer a una parte. De los tres quedan ligados al juicio los integrantes del fideidomiso.

¿El juez Silvestre continuará con sus colaboradores imputados por una conducta con una incidencia directa en el proceso, u optará de una vez por todas por restaurar definitivamente la confianza en un juicio que se oscureció totalmente en el mismo instante que el avión que los trasladó a México decoló en la pista de Ezeiza, excluyéndoles de la causa?