La sede del club de barrio Jardín en el centro permaneció cerrada este jueves. El procedimiento está vinculado con una denuncia contra el Fondo de Inversión. También allanaron las oficinas de Rodrigo Escribano.

Un grupo de agentes de la Policía Federal realizó un allanamiento en la sede centro de Talleres. La misma, llevada adelante por pedido del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, está relacionada con una denuncia contra el Fondo de Inversión, por "estafa, evasión impositiva calificada, lavado de activos y asociación ilícita".

Cerca del mediodía, tres móviles llegaron hasta las puertas del edificio y unos ocho agentes ingresaron en busca de documentación. De hecho, varios socios llegaron a realizar trámites y se encontraron con la noticia.

El fiscal Vidal Lascano indicó a Mundo D que la denuncia por la cuál se llevó adelante el operativo "está vinculada con la gestión que terminó en diciembre, por una serie de supuestas irregularidades, como evasión fiscal o facturación de venta de jugadores".

"Tengo gente de AFIP trabajando en esto desde hace algún tiempo y decidimos hacer una serie de allanamientos, para confirmar o descartar la hipótesis delictiva planteada en la denuncia", aseguró el fiscal, quien, además, remarcó que se investiga "la gestión hasta 2014".

Por último, el funcionario también afirmó que las oficinas de Rodrigo Escribano, actual vicepresidente del club albiazul e integrante del Fondo, también fueron allanadas.

Según pudo averiguar este medio, la denuncia al Juzgado Federal número 2 estaría firmada por el socio Nazareno Fermanelli.

Desde el club de manera oficial, se ha publicado lo siguiente:

Informamos que con la presencia de representantes de la Comisión Directiva las autoridades del Club han brindado toda la asistencia y colaboracion a los funcionarios que este mediodía llevaron adelante en Sede Social la búsqueda de información contable del periodo comprendido entre el año 2010 y el mes de noviembre de 2014 según lo solicitado por el Juzgado Federal número 2.

La denuncia

Parte de la denuncia, presentada el 30 de noviembre de 2014, señala que los denunciados "administraron a su propio gusto y criterio, y sin ningún tipo de control los ingresos y egresos de Talleres, sin dejar de resaltar que por todos estos movimientos no se habrían tributado impuestos municipales, provinciales y nacionales y sin que se hayan podido conocer balances que indiquen un resultado de cada ejercicio anual de la sociedad que administra en forma conjunta con la justicia a un club de la entidad y la importancia como es Talleres, asimismo, no se conocen declaraciones juradas de impuesto a la ganancias, nonhay constancias del supuesto aporte de 20 millones de pesos realizados aparentemente por los socios del Fondo, ni siquiera datos de su procedencia, ni mucho menos destino... Por todas las razones expuestas y de la misma narración de los hechos, se podría inferir que el juez Sail Silvestre y los fiduciarios han incumplido con sus deberes de funcionarios publicos".