El juez Saúl Silvestre y los fideicomisarios Daniel Ruffener y Gustavo Eluani han ingresado a la parte más brava del partido en el que Talleres va por su saneamiento y la elección de autoridades después de mucho tiempo. Los nueve años de la Ley de Salvataje (la que rige a Talleres y a Ferro, y antes a Belgrano y a Racing Club) se cumplen el 28 de diciembre próximo y, en función de los dos siguientes pagos, la deuda quedaría en 4.047.529 pesos. Un saldo que se confía en cancelar con los ingresos provenientes de los derechos de formación que el Palermo jamás liquidó a Talleres por el pase de Javier Pastore.

En el mejor de los escenarios, se espera el fallo en breve y la liquidación de esos fondos alcanzarían para cubrir entre el 80 y el 90 por ciento del saldo. Si eso no ocurriera, la alternativa pasaría por vender a un jugador con cierto apuro, algo que obligaría a cambiar el criterio que ayer mismo explicitó Ruffener al decir: “Puede haber una venta. Nos hemos cuidado de no malvender. Queremos defender el patrimonio del club. No la haremos de apuro”.

Si efectivamente la previsión se hiciera realidad, vendrían las vicisitudes propias de un proceso electoral. Por caso las apuntadas al padrón. Hoy son 3.467 los socios en condiciones de votar y ser votados, y hay en mora unos 2.000. Silvestre y los fideicomisarios dicen que el padrón es “genuino”, pero a nadie escapa que a punteros políticos y a la barra corresponde un número considerable de voluntades. Y la administración judicial será la que recibirá presentaciones para que haya una moratoria o no. De acuerdo al interés.

En el caso de que no llegaran los ingresos y la prórroga de tres años se hiciera realidad, crecería la exigencia para la administración judicial. Es cierto que habría más oxígeno para cancelar el pasivo, pero quién sería el sostén económico para el día a día después de junio de 2014, la fecha a la que llega el Fondo. ¿Serán los propios inversores? Quizá Andrés Fassi, Pachuca y la idea de hacer “Mundo Talleres”. Por lo pronto, el juez ya le avisó que la decisión de vender el predio para hacer el emprendimiento no será de la Justicia sino de los socios. El partido de la Justicia ha sido bravo. Pero aún no terminó.