Corría el año 2009, Talleres volvía a manos del fideicomiso en cogobierno con la Fundación Azul y Blanco, cuando el flamante juez de la quiebra, Saúl Silvestre (la causa recaló en su despacho por el apartamiento de Carlos Tale) y la “fallida”, a cargo de la abogada Graciela Arlla apeló la primera medida del magistrado: impugnó la moción de apertura de padrones. La razón era clara: el ex gerenciador Carlos Ahumada y Ateliers habían sido desapoderados meses atrás, y por temor a la billetera del empresario argentino-mexicano, se buscaba evitar empadronamientos masivos espontáneos. Incluso contó la fallida con el beneplácito del oficialismo actual en Talleres. Curiosidad del destino: tres años después, la Cámara Civil y Comercial ratificó el decreto de Silvestre con la apertura a la captación de socios, y el empadronamiento deliberado y dudoso vino por parte de sectores municipales en su mayoría, y gubernamentales (incluso con hinchas de otros clubes). En definitiva, las argucias se repiten, sin importar color. Y en este sentido, el Fondo de Inversión se ve hoy beneficiado, teniendo en cuenta que públicamente, el viceintendente Marcelo Cossar expresó apoyo a la gestión actual (aunque nada garantiza el amor perpetuo). Misma treta, distinta ideología, igual resultado. Barrio Jardín hoy es tierra fértil, más lo será en un año, sin deudas.

El mundo Talleres es insondable e inescrutable en las arenas políticas. Y en plena normalización, a 15 meses de la primera elección de autoridades, una vez levantada la quiebra, ya hay suspicacias. Hay actores que se repiten, renovaciones y nuevos protagonistas, pero los métodos (algunos no muy claros) se repiten. Política pura.

En ese contexto, los barras se mantienen en estado de alerta, cuidando su territorio. Institucionalizados o no, con la responsabilidad de dar la cara y tener entidad, permanecen expectantes, porque ellos continuarán con sus asuntos, independientemente de quien sea gobierno de Talleres.