Aporte discutido. La Asociación Fondo de Inversión Talleres Sociedad Anónima sin fines de lucro obtuvo la legitimación de Silvestre. Ahumada vio una concesión y por eso recusó al juez, como hizo con Tale. Hubo quejas de los acreedores.

Con la aprobación del Fondo de Inversión de Talleres como auxilio económico del fideicomiso, el juez Saúl Silvestre pretendía encaminar el día a día de un club quebrado cuyo plan había sido “ganar para recaudar para no generar pasivo” y que, en estos meses sin competencias, generó deudas.

El acceso a la administración del club por parte del Fondo, sumada a la presencia de aportantes como el empresario Aldo Roggio y los ex directivos Miguel Srur, Hugo Bertinetti y Ernesto Salum, venía acompañado de ocho millones de pesos para ser inyectados durante los siguientes tres años para formar un buen equipo para ascender y prestar especial atención en la recuperación del semillero, más obras a determinar. Para los mencionados, también integrantes del cogobierno entre notables y el primer fideicomiso, en 2005, era como una revancha, ya que ahí “donaron” todo, luego pidieron la devolución, aunque varios de ellos desistirían de cobrarlo.

Ahora, hay una mayor apuesta, inclusive con avales. En cuanto a recuperar la inversión inicial sólo si “se generaran fondos”, según Srur.

Sin embargo, integrantes del proceso de quiebra comenzaron a poner el ojo sobre el contrato. Los acreedores y el ex concesionario Carlos Ahumada, quien pidió directamente la recusación del juez Saúl Silvestre.

Contrato, deuda y “concesión”. En el contrato, el Fondo discriminaba los aportes en: 4 millones ahora, dos más en 2012 y dos más 2013 y un apoyo logístico en todas las áreas y que no se constituye para “el pago del pasivo”.

A cambio, el contrato establece que ejercerán la función de administración y el fideicomiso los controlaría. En el escrito entregado a la prensa, el día del anuncio se hablaba de “coexistencia” entre ambos, y más adelante de una “administración total”.

Incluido el de ingresos del fideicomiso como las recaudaciones (partidos y campañas de socios), publicidad, merchandising, concesiones en la cancha y compartiría los inherentes a las operaciones con jugadores

Al Fondo le corresponde 80 por ciento si vende o presta un jugador que haya traído. Si el jugador estaba antes (caso Navarro) sería solo un “20 por ciento”. Si fuera un juvenil, las porcentajes son 60 y 40. “Toda la utilidad del Fondo será destinada al club”, dice el convenio.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Primero fueron los acreedores: DT y empleados despedidos por Ahumada (Insua, Oste) y ex jugadores (Hanuch, Astudillo, etc.) todos con juicios con fallos favorables. “El Fondo no paga deudas anteriores. Pero deja al fideicomiso sin ingresos, que es el que debe hacerlo. Además, ¿como va a potenciar este Fondo la función principal del fideicomiso que es pagar el pasivo, si no tiene ingresos?”, dijo Luis Taboada, abogado de los mencionados.

Después, Carlos Ahumada, titular de la ex concesionaria, fue quien atacó. Apeló el fallo de Silvestre y pidió su recusación por “falta de imparcialidad”, como lo hizo con Carlos Tale, el juez anterior. “Esto es un gerenciamiento y Ateliers hizo varias ofertar para sanear el club”, dijo el letrado de Ateliers, Gustavo Franco, quien dijo que siguen siendo parte del proceso, aunque le habrían pedido la caducidad del recurso presentado al Tribunal Superior contra el fallo que desalojó a la SA, el 7 de setiembre pasado.

“Esta iniciativa no es un gerenciamiento, porque la contribución no es en concepto de inversión sino en calidad de aportes y sin fin de lucro”, supo decir Silvestre. Con referencia al Fondo, el juez citó el artículo 15 de la ley 25.284 que faculta al fideicomiso “a designar personal técnico y administrativo necesario para el funcionamiento institucional”.

La SA con 100 mil pesos de capital. La Asociación Fondo de Inversión Talleres SA se constituyó con 100 mil pesos de capital con acciones discriminadas de la siguiente manera: 400, de 100 pesos cada una, Clase A, válidas por cinco votos por acción para Roggio; 400, de 100 pesos, clase B para Srur, válidas por cinco votos; 100 de 100 pesos cada una, clase C –un voto por acción– para Bertinetti y una cantidad similar para Salum. Según su acta constitutiva, el fondo es por 20 años.

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