La presentación en escena de Saúl Silvestre como flamante juez de la quiebra de Talleres abre un abanico de interrogantes, aún sin respuestas definitivas, respecto del camino que desandará para devolver pagar el pasivo de la institución, levantar la quiebra y devolver el club a los socios, sus verdaderos dueños.

No obstante, algunos de esos lineamientos ya pueden vislumbrarse. Su intención de normalizar parcialmente a la brevedad la vida institucional albiazul, con un reempadronamiento societario que arrancaría el próximo 15 de diciembre y concluiría dos o tres meses después con la elección de una comisión directiva normalizadora, que elegiría de entre varias una propuesta de cancelación de la deuda que luego será elevada al juez para su aceptación o rechazo, aparece como de una legitimidad indiscutible.

Promover la democratización del club a través de una elección abierta en la que todos puedan presentar su propuesta, inclusive aquellos ex dirigentes que hoy son mala palabra en la historia reciente del club, no admite mayores reproches, porque en definitiva serán los socios, a través de su voto, los que decidirán los premios y castigos por aquellos acontecimientos.

Sin embargo, a poco de haber tomado estado público su decisión, la propuesta del juez fue duramente criticada por el titular de la Fundación Azul y Blanco, Ernesto Salum, quien entiende que una elección de este tipo, con tan poco tiempo entre el reempadronamiento y la compulsa, dejaría abierto el riesgo de un fraude, a través de las compras de voluntades y carnés, imputación que recaería sobre un ex gerenciador del club, al que todos nombran y acusan fuera de grabación y omiten mencionar en público. Inclusive, hasta mencionan el sector de la barra albiazul que sería objeto de ese beneficio que torcería de antemano el resultado de la elección.

Fuera de esta cuestión, hay quienes aseguran que Silvestre no estaría dispuesto a esperar mucho tiempo más para cancelar el pasivo del club, por lo que su decisión de apurar la normalización parcial del club apunta a que se acabe el tiempo de las palabras y que los realmente interesados en conducir a Talleres, de una vez por todas, metan las manos en los bolsillos y comiencen a saldar la deuda que hizo quebrar a la institución.

En ese sentido apunta su decisión de conformar un comité de acreedores y ordenar una nueva valuación del predio de las 24 hectáreas, al que no titubearía en enajenar, si no se puede cancelar el pasivo, mediante una licitación.

Para Silvestre, las rencillas, pujas e internas entre los sectores enfrentados de Talleres no pueden inhibir el principal objetivo de su gestión: pagar en forma más o menos inmediata, aunque no sea en su totalidad, el millonario pasivo del club, una meta que entiende le será más fácil de alcanzar si el club comienza a normalizarse.